Cambiemos de ministro ¿Qué piensa Dujovne?

Published 3 meses ago -


La salida de Prat Gay y el arribo de Nicolás Dujovne, plantea varias lecturas. Independientemente de que se trate o no de “un fin de ciclo” de la gestión de Alfonso Prat Gay, la renovación en la conducción económica dejó al descubierto el poder real de los integrantes del “Circulo rojo”.

A los ojos del resto del gabinete, es Gustavo Lopetegui quien continua acumulando poder;  la salida de Prat Gay se asocia casi de imnediato a la de Isela Constantini, ex presidente de Aerolíneas. Recordemos que Lopetequi conoce muy bien el negocio aeronáutico.

El mensaje parece tener como destinatarios directos al resto del gabinete y también a  funcionarios rebeldes o que pretendan mantenerse independientes quienes deberán poner las barbas en remojo y disciplinarse ante la línea que se baja directamente desde la Jefatra de Gabinete de Ministros.
Anticipándose a estas señales, el presidente Mauricio Macri sobre el triunvirato conformado por Marcos Peña, Gustavo Lopetequi y Mario Quintana había declarado “son mis ojos y mi inteligencia. Ellos son yo”.

El que viene

Nicolas Dujovne -quien ocupará la cartera Hacienda-  tendrá la tarea de mantener la estabilidad de las cuentas públicas y el presupuesto nacional.
Dujovne es un especialista en macroeconomía y finanzas y cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público y privado, y tiene un fuerte respaldo deñ grupo Clarín y de La Nación.

En el ámbito privado tiene una extensa trayectoria. Entre 2001 y 2011 fue economista jefe del Banco Galicia y consultor del Banco Mundial. Antes se desempeñó Alpha, Macroeconómica y en el Citibank

En el sector público fue jefe de asesores del viceministro de economía Pablo Guidotti (1997-1998), miembro del directorio del Banco Central y director de Papel Prensa SA. En 2010 participó de la campaña presidencial del radical Ricardo Alfonsín.

Durante la campaña presidencial de Cambiemos, Dujovne fue parte de los equipos técnicos de Fundación Pensar que trabajó en asuntos fiscales e impositivos.

Por su parte, Luis Caputo fue el designado Ministro de Finanzas; ya fue secretario de Finanzas por el Gobierno donde cerró el acuerdo con los holdouts para salir del default . Podría decisre que hay cierta continuidad en el cambio porque fue parte del equipo de Prat-Gay.

Ambos deberán trabajar de forma conjunta para salir a buscar el financiamiento necesario que permita alcanzarel equilibrio fiscal, luego de la vuelta del país al mercado internacional de la deuda.

¿Qué piensa Nicolas Dujovne?

Dujovne es columnista habitual del diario La Nación. Aquí reproducimos su opinión publicada en el dicho matutino donde el novel ministro expresa su pensamiento y críticas al gobierno que ahora integra.

Macri, ante los desafíos de un mundo más exigente

La Nación / Martes 20 de diciembre de 2016
Nicolás Dujovne

El programa económico del Gobierno en 2016 consistió en revertir las extravagancias más notables del kirchnerismo: en un año, la Argentina salió del cepo y del default, volvió a entablar relaciones diplomáticas fluidas con los países más importantes del mundo, independizó al Banco Central y comenzó a migrar hacia un esquema en el cual se espera que el sector privado invierta y prospere sobre la base de incentivos y ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento.

Luego de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el mundo financiero se ha vuelto algo más hostil y la Argentina ha sido uno de los países más castigados por los inversores. Ello genera nuevas exigencias: el programa inicial debe ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por determinados objetivos concretos y por una descripción metódica acerca de cómo serán alcanzados. La identidad de ese programa todavía está en construcción por dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las ideas no han sido comunicadas adecuadamente.

El Banco Central ha anunciado sus metas de inflación para los próximos años y ha aclarado qué mecanismos planea utilizar para alcanzarlas. Cumplibles o no, ahí están los números propuestos y los instrumentos que se usarán para lograrlos. Sus autoridades serán evaluadas por su desempeño en esa materia. En otras áreas de la política económica no existe una visibilidad semejante acerca de los objetivos buscados ni del método para lograrlos. Llenar ese vacío programático y comunicacional de manera coherente entre las distintas áreas tiene que ser, a partir de ahora, el objetivo número uno del Gobierno.

En materia fiscal, la principal duda de los inversores se refiere a la capacidad del Gobierno de reducir el déficit. La Argentina comenzó el año anunciando metas de déficit primario de 4,8% del PBI para 2016, de 3,3% para 2017, de 1,8% para 2018 y de 0,3% para 2019.

Finalizando 2016, la realidad será diferente. El déficit fiscal se ubicará efectivamente en 4,8% del PBI, pero habiendo computado casi 0,8 puntos porcentuales de ingresos extraordinarios provenientes del blanqueo, sin los cuales el déficit habría trepado a 5,6%. Para 2017 el presupuesto prevé un déficit de 4,2% del PBI, que será superior al 3,3% anunciado previamente y cuyo cumplimiento dependerá en buena medida del resultado final de las negociaciones en torno al impuesto a las ganancias.
Para 2018 y 2019, ya no conocemos cuál es el objetivo del Gobierno. Tampoco tenemos una visión precisa de lo que piensa en materia fiscal. ¿El déficit es expansivo para la economía porque agrega recursos a la demanda? ¿O es contractivo, puesto que desplaza al sector privado y encarece el endeudamiento? Esas respuestas siempre dependen de las circunstancias, pero en esta gestión no hay una voz unificada que responda esas preguntas claves.

En lo fiscal, el Gobierno se debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit, minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en infraestructura. En 2016 se priorizó la reducción de impuestos y se redujo la presión tributaria en 1,7% del PBI. Además, el gasto público en términos reales caerá en el año, ya que el nominal aumentará 35%, mientras que la inflación totalizará 40%.

¿Es un objetivo de mediano plazo del Gobierno mantener o incluso reducir el gasto en términos reales? No lo sabemos, pero si lo fuera, debería explicarlo: ayudaría a resolver la mayor incógnita macroeconómica de la Argentina. Si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos cinco años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021. Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026.

En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la mitad.

Si ése fuera el plan, la manera de traer al presente parte de los beneficios futuros de la contención del gasto vendría dada por la comunicación de ese programa y por la creación de mecanismos que aseguren que el compromiso del Gobierno va más allá de un Powerpoint. Una ley de responsabilidad que establezca parámetros para el gasto en el mediano plazo (incluyendo el de las provincias) y que fije cómo se repartirá la mejora fiscal que provocaría la contención de las erogaciones (entre la reducción del déficit y la eliminación de impuestos) podría ser negociada con la oposición y despejaría en buena medida la duda de los inversores acerca de la solvencia fiscal de la Argentina. Ello abarataría el financiamiento para el Gobierno, las empresas y las familias.

En la política energética, las dudas son mayores. Si bien algunos precios han comenzado a mejorar para productores, generadores, transportistas y distribuidores, las regulaciones que gobernarán el sector en el largo plazo aún no han sido establecidas. Parte de ese problema se resolvería si el sector pudiera avanzar hacia una “contractualización” de la relación entre los productores y los consumidores de energía. Hoy hay inversiones industriales que no se concretan porque las empresas no saben si contarán con la energía necesaria y, mucho menos, el precio que pagarán por ella. Si se les permitiera a las productoras de gas hacer contratos privados para abastecer la demanda de las empresas, éstas podrían invertir con mayor certidumbre. A su vez, esos contratos de largo plazo les permitirían a los productores de gas acceder a mejor financiamiento y acelerar su proceso de inversiones. Para que el sector pueda “contractualizarse” hay que definir la regulación. Los efectos sobre la inversión serían notables.

Otras dudas permanecen. ¿Seguirá existiendo Enarsa? ¿Será normalizada Cammesa? ¿Cuándo será libre el precio del petróleo? A veces es mucho más importante saber si los precios serán libres que recibir un subsidio temporario.

En comercio internacional, el Gobierno tiene un plan. Consiste en ir eliminando gradualmente la protección que hoy genera que los argentinos enfrenten sobreprecios insoportables cuando consumen electrónicos, prendas de vestir, juguetes y otros bienes. Ese sobrecosto será removido gradualmente junto con la disminución de la protección en esos sectores. Y la forma de institucionalizarlo vendrá de la mano de la firma de acuerdos de libre comercio (como el del Mercosur y la UE), donde el sendero de convergencia hacia la apertura, de 10 o 15 años, quedará establecido. Bueno o malo, es un plan; falta comunicarlo.

Entre la existencia de los superministros de Economía de los últimos 30 años y el esquema actual, en el que rige una excesiva atomización tanto en la comunicación como en la toma de decisiones, hay un punto medio en el que el Gobierno aún no ha encontrado la dosis exacta. El mundo se puso más exigente. Encontrar ese camino del medio hoy es crucial.

 

Las alarmas empiezan a sonar para el Gobierno

Nicolás Dujovne / Martes 29 de noviembre de 2016

El experimento económico que intenta llevar adelante la administración Cambiemos implica un giro económico de 180 grados respecto del esquema vigente hasta 2015.

El cambio es conceptual, especialmente en lo referido a la visión de la apertura económica, del rol de la competencia y del mercado como mecanismo de fijación de precios. En la visión del Gobierno, llevar adelante esos cambios requiere gobernabilidad y tiempo, y ello se consigue en parte cediendo recursos fiscales, los que constituyen el precio a pagar por un gobierno en minoría parlamentaria. Pagar ese precio genera la necesidad de un permanente acceso al endeudamiento que permita financiar el rojo de las cuentas públicas durante el período de transición.

La victoria de Trump ha sacudido el escenario de liquidez internacional y enciende las alarmas de quienes monitorean la situación argentina. En ese contexto, urge quitar el piloto automático de la política fiscal, poner el instrumental en manual y prepararse para navegar el cambio de clima. El tiempo dirá si es sólo una lluvia de verano o una tormenta.

Desde que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, la tasa de interés a diez años ha aumentado de 1,8% a 2,3%. En medio de esa suba, y mientras los mercados se ajustan al nuevo equilibrio, se han interrumpido las emisiones de deuda soberana de países emergentes en el mercado de Nueva York. Que se vuelva a abrir el mercado, aun a un costo más elevado, depende de que Trump despeje la incertidumbre acerca de cuánta inflación puede provocar su programa económico.
Cuando el financiamiento externo disminuye, los países emergentes más débiles en materia fiscal se ven forzados a optar entre tres caminos: ajustar su déficit, recurrir al mercado de crédito local desplazando parcialmente al sector privado o utilizar fondos de organismos internacionales como el FMI.

El primero de los caminos no es el que ha elegido la Argentina: en octubre el ritmo de aumento del gasto del Gobierno antes de intereses se incrementó a un 51% interanual, con los ingresos creciendo solamente 23%. Con esta tendencia, el último bimestre del año mostrará niveles de déficit y de necesidades de financiamiento récord. De hecho, excluyendo los ingresos extraordinarios que proveerá el blanqueo de capitales, es muy probable que el déficit primario de 2016 trepe hasta 5,5% del PBI. Así, para que el Gobierno alcance su meta de déficit de 4,8% del PBI, deberá computar al menos US$ 3500 millones provenientes de la recaudación que provea el blanqueo como parte de los ingresos tributarios del año.

La combinación de poco aumento en los ingresos y mucha suba en los gastos preocupa de cara al año próximo: la meta fiscal de 2016 era de por sí laxa y sólo será alcanzada mediante el uso de recursos extraordinarios, pero en 2017 el Gobierno no contará con esos recursos extras, y del lado del gasto deberá afrontar las erogaciones previsionales vinculadas a la ley de reparación histórica. Así, las necesidades de emisión de deuda de 2017 serán casi tan elevadas como las de 2016, lo que requeriría condiciones financieras tan excepcionales como las de este año.

Por otro lado, buena parte del deterioro fiscal observado en los últimos meses es el resultado de una suma de pequeñas concesiones otorgadas a las provincias, a algunos sectores productivos, a los sindicatos y a los movimientos sociales, pero aun así el Gobierno no pudo aprobar en el Senado ni la reforma política ni la modificación de la ley de accidentes del trabajo. El intercambio entre déficit y gobernabilidad comienza a ser menos rendidor para el oficialismo de lo que lo fue cuando negoció el acuerdo con los holdouts.

Sin ajustar el déficit, el Gobierno se prepara para este escenario más adverso generando nuevas vías de financiamiento domésticas. El jueves pasado, el Banco Central aprobó la comunicación A6105, que habilita al Gobierno a endeudarse en dólares con los bancos locales, es decir, a tomar prestados parte de los dólares que han sido depositados en los bancos debido al blanqueo de capitales. No es que haya algo malo en ello, aunque implica romper un tabú en términos del uso de los “argendólares”: hasta ahora, los depósitos en dólares sólo se prestaban al sector privado para actividades vinculadas a la exportación, es decir, a sectores que generan dólares. El gradualismo fiscal en un contexto externo más difícil ha forzado al Gobierno a perder cierta pulcritud en las formas.

Si la sequía de fondos externos se prolongase, si lo quisiera el Gobierno podría recurrir al FMI. Un programa en el que el fondo desembolsara US$ 25.000 millones sería fácilmente obtenible y las condiciones que impondría el organismo serían pasablemente laxas para el Gobierno. De hecho, en su reciente revisión de la economía argentina el FMI consideró que “los modestos objetivos fiscales fijados para 2017 parecen apropiados considerando las restricciones políticas y sociales y la necesidad de estimular la economía”. Todos los gobiernos rechazan la alternativa del fondo hasta el día en que la usan. Pero si el financiamiento se complica, allí estaremos.

El Banco Central también intenta estimular la economía aun corriendo el riesgo de deteriorar la credibilidad de su compromiso antiinflacionario. El ente monetario mantuvo sus tasas de interés de referencia sin cambios durante siete semanas en 26,75% debido a que las expectativas de inflación para 2017 se situaban por encima de la meta de 17% fijada para 2017. Sin embargo, el Banco Central decidió iniciar su proceso de reducción de tasas justo en medio de la suba en la inflación registrada en octubre y en la antesala de una suba en las expectativas de inflación relevadas por la Universidad Di Tella para 2017. Si bien había espacio para bajar las tasas de interés, tal vez el momento elegido no fue el adecuado.

Algunos de los riesgos externos a los que estaba expuesto un gobierno muy dependiente de los mercados internacionales de deuda comienzan a materializarse.

El peligro para el Gobierno es ofrecer una respuesta desordenada que termine de hacer descarrilar las expectativas de los consumidores y de los empresarios. El riesgo es quedarse a mitad de camino entre ofrecer una macroeconomía ordenada que baje la inflación y atraiga inversiones y otra que curaba todo con estímulos artificiales al consumo. Si el Gobierno no logra mantener la situación fiscal en caja, el gradualismo deberá recibir un nuevo nombre, ya que ése se lo utilizaba para designar una reducción y no un aumento lento del déficit. Y si la ansiedad con el nivel de actividad empieza a gobernar el día a día, será difícil transmitir una sensación de control y de cambio de ciclo.

La lógica de un gobierno en minoría parlamentaria

Nicolás Dujovne / Martes 13 de diciembre de 2016

El revés que acaba de experimentar el Gobierno con su proyecto de reforma del impuesto a las ganancias trae nuevamente a un primer plano un dato fundamental: la gestión Cambiemos tiene minoría parlamentaria y muy probablemente la tendrá hasta el final de su mandato. Las consecuencias económicas más visibles que han enfrentado los gobiernos con minoría parlamentaria son dos. Por un lado, suelen exhibir déficits fiscales más elevados. Por el otro, deben implementar programas de gobierno representativos de las preferencias promedio de la sociedad, en contraposición a la pureza programática que podría llevar adelante una administración con mayoría legislativa.

Los mercados, que se mueven rápido, ya comenzaron a hacer cálculos luego del fracaso del Gobierno en el Congreso y ayer castigaron con fuerza a los bonos argentinos, lo que derivó en un aumento en la prima de riesgo país, que podría complicar el financiamiento hacia delante.

Hasta ahora, el Gobierno había logrado sobrevolar el laberinto de su minoría parlamentaria y aprobar el blanqueo, el Presupuesto, la ley de Participación Público Privada y el acuerdo con los holdouts. Pero la cercanía de las elecciones de 2017 devuelve al Gobierno a la realidad e instala una incógnita que inquieta al oficialismo y a los inversores que apuestan a un proceso de reformas profundas. ¿Es consistente la idea de integración al mundo y reducción en la inflación que busca esta administración con su debilidad parlamentaria? Puesto el dilema en otros términos: un gobierno de Macri que interprete al promedio del espectro político ¿se parecería al que vimos en 2016 o deberá volverse aun más proteccionista y estado-céntrico para lograr un equilibrio viable con el resto de las fuerzas políticas?

Los números muestran que el oficialismo cuenta hoy en el Senado con 15 miembros sobre 72. En las elecciones de 2017, en las que se renueva un tercio del cuerpo, es decir 24 asientos, la oposición pondrá en juego 21 lugares y Cambiemos, 3. En un escenario en el que al oficialismo le fuera muy bien, podría a lo sumo agregar 9 senadores y llegar a 24 sobre un quórum propio de 37. Es decir que es imposible que logre una mayoría propia en esa Cámara. Por otro lado, en Diputados, Cambiemos cuenta actualmente con 92 asientos sobre 257. Para alcanzar la mayoría debería llegar a 129 diputados, por lo que debería sumar 37. En las proyecciones de Alejandro Catterberg, de Poliarquía, aun cuando Cambiemos mejorase la elección que hizo en la primera ronda de 2015 (obtuvo 34% de los votos) hasta 40%, sumaria sólo entre 15 y 20 diputados. Por lo tanto, también en la Cámara de Diputados quedaría lejos de llegar a una mayoría propia a menos que se acercase al 50% de los votos. Muy probablemente Macri gobernará en minoría legislativa hasta 2019 o Cambiemos será una coalición distinta de la que conocemos hasta ahora.

¿Cómo son en materia fiscal los gobiernos con minoría parlamentaria? Numerosos economistas, entre los que se encuentran Sachs, Roubini, Perotti, Hallerberg y Ohlsson, han estudiado la cuestión en profundidad utilizando datos de países miembros de la OCDE. Las conclusiones son esclarecedoras: los déficits fiscales son más altos cuanto menor es el poder del gobierno en el Congreso, cuantos más partidos integran la coalición oficialista, cuantos más ministerios hay y cuanto más débil es el ministro de Finanzas.

Todos los síntomas

La Argentina muestra todos los síntomas de la enfermedad fiscal que predice la teoría. Algunos no se pueden cambiar, pero otros sí. Para contrarrestar el costo fiscal que implican los consensos, el Gobierno podría achicar el número de ministerios. En ese proceso, el ministro de Finanzas podría ganar espacio y coordinar mejor la batalla por cuidar los recursos y contener los gastos.

Más allá de lo fiscal, los gobiernos con minoría parlamentaria deben representar un poco más los deseos y aspiraciones de todo el espectro político y no sólo los de sus votantes. Si miramos el pasado reciente de la Argentina y observamos dónde se han generado los mayores consensos, encontraremos una nueva fuente de preocupación. En el pasado, las mayorías parlamentarias más contundentes han tendido a producirse para aumentar el gasto público. Por ejemplo, las sucesivas moratorias previsionales fueron sancionadas casi por unanimidad y la estatización de YPF contó con más de 200 votos a favor en la Cámara de Diputados. Otras medidas, como la guerra a la OTAN en 1982 (rechazada en soledad por Raúl Alfonsín), la organización del Mundial 78 o la estatización de los trenes durante la primera presidencia de Perón pueden ser consideradas como representativas del gusto promedio de los argentinos, ya que sólo tuvieron voces aisladas de rechazo.
¿Ha cambiado ese típico gusto argentino con la elección de Macri, o ésta se explica simplemente por una demanda de mayor transparencia y división de poderes, después del vendaval de corrupción kirchnerista? Es una incógnita que se develará en parte en las elecciones de 2017, aunque el equilibrio de poderes no cambie en el Congreso.

Los impuestos que ha propuesto el Frente Renovador para tapar parte del agujero que provocaría su proyecto de Ganancias muestran hasta qué punto se ha agotado la capacidad de crear nuevos tributos por parte del Estado. Cuando las distorsiones que se generan son tan grandes que ahuyentarían a los ahorristas en plazos fijos, a las inversiones en la minería o a los suscriptores de deuda pública, vuelve el debate sobre el tamaño del sector público y sobre la inflación. Universalizar todas las prestaciones del Estado y bajar abruptamente el impuesto a las Ganancias, que es pagado por el 20% de la población con ingresos más elevados, no tiene sentido. Considerando una inflación del 20% anual, como la que se proyecta para 2017, el impuesto inflacionario recauda en la Argentina cerca de dos puntos del PBI y no se coparticipa. Por cada cinco puntos más de inflación al año, esa recaudación sube de a medio punto porcentual del PBI, aproximadamente. A diferencia de Ganancias, la mayor carga de ese tributo no legislado es pagado por el 30% más pobre de la sociedad.

Si la sociedad, expresada a través de la composición del Congreso, quiere sostener este Estado gigante y aumentar el déficit fiscal, terminará ahuyentando a quienes le prestan a la Argentina. La única fuente de financiamiento alternativa volvería a ser la inflación. Tendríamos que resignarnos a una tasa de inflación más alta y a una peor distribución del ingreso. Paradojas de legislar “para la gente”.

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