La AGN le apunta a Enarsa

Published 2 meses ago -


 

El informe 218/2014 de reciente aprobación por la AGN, revela que la empresa creada en diciembre de 2004 tampoco “implementó los sistemas de monitoreo” necesarios y “no tuvo un adecuado sistema de control interno de la información financiera” para determinar sus créditos y deudas durante ese proceso.

Según figura en las planillas del Anexo I de la misma auditoría, Enarsa llegó a pagar en ese período hasta 597 dólares por megavatio hora (MWH) por la energía solar fotovoltaica que licitó, cuando en 2016 las Rondas 1.0 y 1.5 del Programa Renovar permitió adjudicar ofertas por el mismo tipo de energía a 54 dólares por MVH, lo que representó un costo diez veces menor. “Por 15 años les vamos a tener que pagar casi 600 dólares el megavatio a estas empresas, cuando en las últimas licitaciones el precio promedio fue de 54 dólares”, señaló Alejandro Nieva, auditor en la AGN por el Senado, al agregar que “en energía eólica se llegaron a pagar 133 dólares y este año se pagó la mitad”. La auditoría buscaba verificar la gestión de Enarsa en relación al Programa de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN), creado en 2009 por Néstor Kirchner, y toma el período que va desde esa año hasta marzo de 2014. Los trabajos de campo determinaron a mediados de 2015, y el informe final acaba de ser aprobado en la AGN.

En energías renovables se incluyen distintas tecnologías para la generación de electricidad a partir de fuentes eólica, solar, biomasa, biogas y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre los más conocidos.

El informe de la AGN recordó que el 6 de diciembre de 2006 se sancionó la Ley 26.190 que declaraba de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables, y determinaba que en 10 años el 8% de la energía consumida en el país sería bajo esa modalidad.

Cumplida la década que establecía la ley, hoy sólo se llegó al 1,8% del total de la energía consumida, pero en 2014, último año auditado, sólo el 0,98% de la matriz energética nacional provenía de energías renovables.

En parte, esto se debió a que la mayor licitación la hizo Enarsa en 2009, con un resultado negativo: se adjudicaron 30 proyectos, de los cuales 19 se rescindieron, 4 debieron prorrogarse y sólo 7 siguieron habilitados. “Denota una falta de planificación representando a la fecha de cierre del período auditado (2014) sólo el 0,98% de la matriz energética nacional”, afirma la AGN en el trabajo y recuerda que “se encuentra operando sólo el 18% de lo licitado (138MW sobre 784MW licitados).

En energía solar fotovoltaica, por tomar un caso, esas adjudicaciones habían sido con las empresas Generación Eólica SA, Energías Sustentables S.A., Inesa Solar S.A., Generación Solar San Juan S.A. y Nor Aldyl Solar S.A., y en todas se había acordado un precio entre 546 y 597 dólares por MWH, según consta en en Anexo I del informe.

En ese período Enarsa estuvo primero conducida por Exequiel Espinosa, el hombre que contrató el avión que trajo a la Argentina al venezolano Antonini Wilson y su valija de los 800 mil dólares.

Espinosa ya había sido denunciado en 2007 por Elisa Carrió ante la Oficina Anticorrupción por recibir aportes patronales de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, siendo, al mismo tiempo, funcionario público.

El año pasado Margarita Stobizer pidió que la Justicia investigue si Espinosa había sido cómplice en irregularidades en la concesión de áreas de explotación petrolera para dos empresas de Lázaro Báez.

Espinosa dejó Enarsa en 2013, cuestionado por La Cámpora y otros sectores del Gobierno, y lo reemplazó Walter Fagyas, quien en 2016 fue denunciado ante la Justicia por la Oficina Anticurrupción junto al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por presuntas irregularidades en el programa “Refinación Plus”, a raíz de incentivos por 130 millones de dólares otorgados desde el entonces Ministerio de Planificación Federal.

Entre las conclusiones de su análisis de esos cinco años, la AGN señala que “Enarsa no elaboró una planificación con metas y objetivos que le permitieran acercarse a generar el 8% de consumo eléctrico a través de fuentes renovables como establecía la ley”; que tampoco se cumplió con la aplicación de la normativa “Compre Argentino” en los proyectos licitados y que “los sistemas de monitoreo requeridos en las licitaciones se habían implementado o se habían hecho parcialmente”. El informe también establece que Enarsa “no tiene un adecuado sistema de control interno de información financiera que permita determinar sus créditos y sus deudas” en relación a los contratos.

Esto se debía a que el registro no permitía determinar saldos con los contratistas individualmente y por central eléctrica, sino totales.
Además Enarsa “pagó facturas de los contratistas que no coincidían con la liquidación de ventas de CAMMESA”, con una diferencia de casi 573.000 pesos, según el informe.

La Auditoría señala especialmente que “se modificaron tanto la localización como la tecnología ofertada para la centrales fotovoltaicas, sin que Enarsa analizara si esto afectaba las condiciones contractuales”. Eso se comprobó en San Juan, donde “no sólo se cambió la ubicación de las centrales de generación eléctrico por pedido del gobernador, sino que además se cambió la tecnología de paneles móviles a fijos”. Finalmente concluye que Enarsa “no compagina y no resguarda la documentación de modo sistemático, de manera que permita el seguimiento de los procesos de contratación y la ejecución de los contratos, lo que impide realizar un adecuado seguimiento de los proyectos y segurar la integridad de las contrataciones celebradas”. “Este es un informe que revela el fracaso de una política que llevó al país a una de las crisis más grandes en materia energética: de autoabastecernos en energía pasamos a depender”, sostuvo el radical Nieva.

En el último año se abrió un nuevo capítulo en energías renovables, cuando el presidente Mauricio Macri reglamentó la ley 27.191, aprobada en octubre de 2015, para llegar finalmente al 8% de fuentes limpias a fines de 2017, una meta que el Gobierno considera que está “garantizada” con los resultados de las dos licitaciones del Programa Renovar.

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