El Gobierno nacional aprobó la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mediante una resolución (Resolución Conjunta 3-E/2017) de los ministerios de Energía y Minería, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable que además dispone que se adopten 17 recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en audiencias públicas.
La norma lleva la firma de los ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman, y destaca el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supeditó el inicio de los trabajos de ambas represas a la realización de dicha audiencia.
"La evaluación de las consecuencias ambientales de las obras es una política nacional que el Estado ejercita y fomenta tanto en proyectos privados como públicos, como garante del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable", indica la resolución.
Las obras de las represas sobre el río Santa Cruz recomenzarán en forma simultánea con la aplicación de un conjunto de 17 recomendaciones específicas surgidas de la audiencia pública realizada en julio, "a fin de fortalecer la gestión ambiental adaptativa" de las proyectadas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.
La secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable precisó el alcance de esas 17 medidas, que constan en el anexo II de la resolución conjunta 3-E/2017, publicada hoy en el Boletín Oficial y que aprueba la realización de los aprovechamientos santacruceños.
El informe detalla que se colocará una estación de monitoreo meteorológico continuo en el Campo de Hielo Patagónico Sur o en sus inmediaciones para complementar la existente en el Glaciar de los Tres, operada por eI Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Se realizarán además estudios complementarios para abordar la complejidad glaciológica de la cuenca del río Santa Cruz, incluyendo el Campo Hielo Patagónico Sur, a fin de aportar al conocimiento del área y al monitoreo de los glaciares.
También se incorporará el monitoreo de impactos acumulativos y sinérgicos vinculados a la resiliencia de los sistemas hidrológicos, las comunidades y los ecosistemas al impacto combinado de la obra con los del cambio climático.
Por otra parte, se validará con la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable el diseño de detalle de los pasos para peces adecuados a especies nativas en ambas presas.
Se realizarán asimismo monitoreos sobre fauna silvestre, en relación con los impactos indirectos de la obra y su vinculación con los parques nacionales Monte León y Los Glaciares.
Está previsto igualmente relevar y rescatar material arqueológico en los sitios de emplazamiento del proyecto, en particular en los identificados por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
De igual modo, se realizará el monitoreo de procesos de degradación de suelos para adecuar la gestión en forma temprana, y se utilizará la metodología del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación para evaluar la erosión hídrica.
El documento oficial contempla la restauración de la vegetación con especies nativas en los sitios de emplazamiento de obras temporarias, lo cual incluye el monitoreo del avance de la recomposición hasta comprobar la supervivencia a largo plazo y las alternativas ante resultados adversos.
Para minimizar los impactos sobre la vegetación y biodiversidad en general se analizará el potencial de dispersión del material de obra y resultante del movimiento de suelos, en función de las condiciones meteorológicas del sitio, mientras otra medida se vincula con la gestión de residuos.
El acceso al Observatorio Ambiental será público, libre y gratuito, y se realizará el análisis integral de los monitoreos que se realicen en el marco del Programa de Gestión Ambiental.
Este último tendrá una planificación detallada, incluyendo para cada programa y subprograma la individualización de actividades, plazos, responsables, recursos humanos calificados, indicadores, presupuesto asignado y cronograma financiero, "a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las medidas propuestas en el corto, mediano y largo plazo".
Por último, entre otras medidas se validarán con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) los procedimientos de consulta, "a fin de consolidar el espacio de diálogo con las comunidades".
Nombres
Los nombres de las represas originalmente eran La Barrancosa y Condor Cliff, proyectos desarrollados por Agua y Energía desde hace décadas. La gestión Kirchnerista decidió llevar a delate los proyectos y dispuso el cambio de nombres por Nestor Kirchner y Jorge Cepernic.
Nestor Kirchner, fue intendente de Rio Gallegos entre 1978 y 1991 y luego gobernador de Santa cruz entre 1991 y 2003 y presidente de la Nación entre 2003 y 2007.
Por su parte Jorge Cepernic fue elegido gobernador de la provincia de Santa Cruz en 1973 por el voto popular, y se mantuvo en oficio hasta la intervención federal dispuesta el 7 de octubre de 1974 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y con la aprobación del Congreso de la Nación, y reemplazado por Augusto Pedro Saffores.
Tras su destitución fue arrestado en Buenos Aires y preso en el penal de Magdalena durante cinco años por haber permitido -entre otras cosas- que se filmara la película La Patagonia Rebelde.
Antecedentes
Impulsadas desde principios de la década del '70, la construcción de las represas hidroeléctricas "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic" atravesó más de 40 años de retrasos que incluyeron licitaciones frustradas y estudios de impacto ambiental objetados por la Corte Suprema, antes de su aprobación esta mañana por el Poder Ejecutivo.
Las condiciones del río Santa Cruz para su aprovechamiento hidroeléctrico ya habían sido destacadas hacia mitad del Siglo XX por el ingeniero Mariano Castillo como "uno de los ríos con mayor potencial del Continente Sudamericano (sic) por tener un flujo de caudal muy parejo durante todo el año", pero no fue sino hasta 1973 que se presentaron proyectos concretos para la realización de dos represas.
En aquel año, el gobernador de Santa Cruz Jorge Cepernic impulsó la construcción de las dos represas hidroeléctricas a través de la antigua empresa Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE), pero no logró reunir el apoyo necesario para llevar a cabo la empresa.
Finalmente, harían falta tres licitaciones para que comenzara a materializarse la construcción.
La primera de éstas tuvo lugar en 2007, cuando el Gobierno Nacional y la provincia de Santa Cruz firmaron un convenio para ejecutar las entonces llamadas represas "Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”.
El proceso de recepción de ofertas técnicas y económicas continuó hasta 2010, cuando se adjudicó la obra a un consorcio integrado por tres empresas que, pese a su adjudicación y posterior aprobación en la Legislatura provincial, la obra nunca comenzó.
Según se explicó oficialmente, nunca se creó el "fideicomiso de administración" ni se aportaron fondos para el inicio de las obras, por lo que se dio por "finalizado el proyecto por causas ajenas a ambas partes y sin reclamos indemnizatorios”.
Rebautizadas como "Kirchner" y "Cepernic", en memoria del ex presidente argentino y del ex gobernador de Santa Cruz, el 25 de abril de 2012 se anunció por segunda vez la licitación de las dos represas, que debía ser lanzada en mayo de ese año, algo que finalmente no ocurrió.
La tercera y última licitación estuvo a cargo de los entonces titulares del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas -Julio De Vido y José López, respectivamente- que anunciaron en agosto de ese mismo año el llamado para la construcción de ambas represas por un monto total de U$D 4.100 millones, con un plazo de cinco años y un consorcio empresario con una integración mínima del 30% de participación nacional.
En agosto de 2013 la obra fue adjudicada al consorcio conformado por Electroingeniería S.A., China Gezhouba Group Company Limited e Hidrocuyo S.A. cuya oferta en el pliego fue de U$D 4.715.347.111, en el plazo de cinco años y medio e íntegramente financiado por tres entidades chinas.
El primer desembolso se hizo efectivo en enero de 2015 por U$D 287.723.536 (un 6% del monto total), para los trabajos iniciales de caminos, obradores y puentes en Santa Cruz, y el anticipo para la fabricación de los equipos de generación en China.
Sin embargo, la Corte Suprema hizo lugar a un amparo presentado por dos ONG que esgrimían que el emprendimiento acarrearía daños al medio ambiente, por lo que suspendió el avance de la construcción hasta la realización de nuevos estudios ambientales y una audiencia pública en el Congreso Nacional.
