La Cámara Argentina de la Energía (CADE) decidió promover una acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los decretos de Necesidad y Urgencia 566/2019 y 601/2019, que sentaron las bases legales del actual congelamiento de precios.
Se trata de un reclamo presentado pocos días antes de las elecciones presidenciales y a pesar de que la Secretaría de Energía ya le anunció a las empresas que la medida caducará a mediados de noviembre, al término de los 90 días de vigencia que se habían dispuesto, poco después de las PASO.
Las empresas del sector denuncian atraso en los precios internos de los combustibles, que algunas estiman en torno al 20 por ciento, aún cuando en setiembre se les autorizó una suba de los precios en surtidor y en la cotización del barril de crudo a nivel local.
Asimismo, los empresarios petroleros se interrogan acerca de la política que en este rubro se dará el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre, con casi seguro cambio de signo político.
La CADE, que representa a las empresas con mayor participación en la producción y refinación de hidrocarburos, entre ellas a YPF (de mayoría accionaria estatal), Pan American Energy, Shell, Total y Pluspetrol, considera que esas medidas "afectan en forma directa el normal desarrollo del mercado de hidrocarburos y combustibles en el país".
Un comunicado de la entidad empresaria sostuvo que "los miembros de CADE siempre mantuvieron una actitud responsable frente a los movimientos de precios, compatibilizando las necesidades de sus clientes y los del propio negocio". "En ese marco, el congelamiento de precios generó una grave distorsión que repercute en los niveles de inversión, la actividad y el empleo", advirtió.
La medida fue presentada ante el Juzgado Federal de Neuquén, por considerar que en esa jurisdicción coinciden los intereses y la actividad de todos los asociados de la Cámara.
La Cámara Argentina de la Energía (CADE) tiene por CEO a Carlos Magariños, un hombre de extensa trayectoria en el ámbito del comercio internacional (fue funcionario durante el gobierno de Carlos Menem entre 1991 y 1996) y fue embajador de la Argentina en Brasil.