El plan de contingencia eléctrica del gobierno aumenta los costos sin resolver el problema

La red de transporte eléctrico obsoleta impide el correcto funcionamiento del sistema y aumenta el riesgo de incidentes en épocas de temperaturas extremas. Carlos Borga, director técnico de Transener, subraya la necesidad urgente de inversión para evitar fallas en el suministro. La propuesta de la empresa sugiere trasladar el costo de la expansión a las facturas de los usuarios, lo que ha suscitado controversias sobre quién se beneficiaría realmente de esta inversión.

El suministro eléctrico para el próximo verano enfrenta un escenario complicado. El gobierno reconoció la gravedad de la situación y lanzó un plan de contingencia, lo que ha generado polémicas. Según Luciana Glezer de La Política Online, una de las críticas es la cancelación de la licitación Terconf, que durante la administración anterior buscaba construir centrales térmicas de alta eficiencia en zonas estratégicas. Por otro lado, algunos observan un gran negocio en el costo elevado de generación.

Durante un seminario organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, Carlos Borga, director técnico de Transener, principal empresa de transporte eléctrico en el país, reconoció que el problema radica en la obsoleta red de transporte, que limita la eficiencia del sistema. Según Borga, “si el sistema de transporte tiene mala calidad, el servicio al usuario final también se ve afectado”. Explicó que la generación más eficiente está lejos de los centros urbanos debido a la localización de recursos naturales, lo que limita su aprovechamiento por la saturación del sistema de transporte.

Transener advierte que el plan de contingencia aumentará el costo sin resolver el problema estructural, subrayando la necesidad urgente de ampliar la capacidad de transporte, ya que el sistema actual abastece más del doble de la demanda para la que fue diseñado.

Borga dejó abierta la pregunta de quién asumiría el costo de esta ampliación, sugiriendo que la mejor opción sería trasladarlo a las facturas, lo cual generaría un “leve impacto” en el precio final. Este planteo despierta nuevas controversias, como quién se beneficiaría de las ganancias a corto plazo y cómo se garantizaría una inversión sostenible para mejorar el servicio.

La ampliación de la red, argumenta Transener, podría reducir costos de generación y promover exportaciones. No obstante, décadas de falta de inversión, atribuida al congelamiento tarifario, han deteriorado el sistema. Sin embargo, los datos muestran que las inversiones de Transener han sido constantes, alcanzando US$ 31.7 millones anuales entre 2019 y 2023.

El problema no radica sóo en el congelamiento tarifario, sino también en las inversiones en activos no regulados, como la deuda adquirida por Transener para adquirir Transba, que, según el artículo, en 2022 representó un pago de US$102 millones, más del triple de la inversión en el sistema de transporte.

Día del Padre

A las 7 de la mañana del 16 de junio de 2019 justo el Día del Padre, se produjo el apagón más importante del último siglo. El blackout alcanzó a la totalidad de la Argentina, Paraguay, Uruguay y parte sur de Brasil y se calcula que afectó a más de 50 millones de habitantes.

En aquella oportunidad, en un comunicado, la Secretaría de Energía atribuyó el hecho, a un “colapso del SADI” y anunció que “en diez días tendremos el informe”, pero nunca apareció. Ninguno de los responsables del sistema —Secretaría de Energía, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Transportista y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre)— ha brindado información que permita saber con exactitud qué pasó. 

En aquel momento, la importación de energía desde Brasil significaba un ahorro importante en subsidios para generación. El costo de producción de energía con GNL para un Ciclo Combinado estaba en torno a los US$ 50 por MW/h, mientras que la energía importada de Brasil sólo requería la obligación de devolución en primavera-verano.

Es en este punto donde algunos expertos se preguntan si se privilegió la reducción del déficit fiscal por sobre la seguridad del suministro, ese ahorro de costos pudo haber complicado la capacidad de reacción operativa. ¿Se podría repetir la historia?